JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
lunes 28 de febrero de 2011 12:00 AM
Mañana Venezuela deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la decisión de inhabilitar al ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, y aunque hay grandes posibilidades de que se produzca un fallo que ordene anular esta sanción, lo que luce difícil es que las autoridades acaten esa decisión.
A esta conclusión se arriba al revisar el grado de cumplimiento de los diez dictámenes que el tribunal de San José (Costa Rica) ha emitido previamente en relación con nuestro país. Ninguna de las sentencias ha sido acatada plenamente por las autoridades. Solo en las dos primeras, relacionadas con las masacres de El Amparo y del Caracazo, se cumplieron parcialmente; mientras que las ocho restantes han sido desatendidas en su totalidad.
Y la situación parece que no mejorará, pues el agente del Estado ante el sistema interamericano de Derechos Humanos, Germán Saltrón, días atrás advirtió que no respetarán ninguna decisión en el caso de López que vaya en contra de lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría. Este último instrumento establece en su artículo 105 las inhabilitaciones aún sin sentencia judicial.
La posición de Saltrón viene precedida por la asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual ya en 2003 estableció que él es quien decide que resolución de los organismos internacionales se ejecuta en el país y cuál no; y por las afirmaciones hechas por la presidenta de ese organismo, magistrada Luisa Estella Morales, quien en octubre de 2009 calificó de «inaceptable» una resolución de la Corte y recomendó al Gobierno salirse de su jurisdicción.
«No podemos permitir que la Corte nos esté dictando normas disciplinarias y de formación de jueces cuando las tenemos en nuestro Derecho interno. Así como nosotros respetamos los tratados internacionales ellos deben respetar nuestra soberanía», dijo en esa ocasión la cabeza del Poder Judicial.
Ante este cuadro el catedrático en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faúndez, no dudó afirmar que el Estado venezolano es «un Estado delincuente, que por si solo se ha colocado al margen del sistema interamericano», porque «no tolera que lo condenen, que pongan en telas de juicio sus políticas y que lo señalen con el dedo por estar infringiendo tratados internacionales».
Aunque el jurista recordó que los artículos 23 y 31 de la Constitución le dan carácter vinculante a las decisiones de organismos como la Corte o la Comisión Interamericana, reconoció que en la práctica no hay manera de forzar a las autoridades para que las cumplan, pues «la base en que se sustenta el Derecho Internacional es la buena fe, en la creencia de que los Estados van a cumplir las obligaciones que ellos mismos asumieron (…) No hay una policía internacional ni unas Fuerzas Armadas internacionales que hagan cumplir las resoluciones de instancias internacionales».
Faúndez alertó al Ejecutivo que con su actual posición coloca a Venezuela al mismo nivel que Alberto Fujimori puso a Perú en la década de los 90.
El experto rechazó las amenazas del Gobierno de crear, junto con sus socios de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Ecuador, Cuba y Bolivia), un sistema de Derechos Humanos alternativo al interamericano.
«Si usted está dispuesto a respetar los parámetros internacionales en materia de garantías fundamentales que más da que sea en esta instancia o en otra», replicó Faúndez.
En similares términos se pronunció el ex decano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, quien afirmó que «un sistema de Derechos Humanos se debe fundar en bases sólidas. No se puede estar con la condición de que las decisiones siempre sean del agrado de uno».
EL QUE TENGA OIDOS PARA ESCUCHAR QUE ESCUCHE…
AIRESVEN 