Archivo | septiembre, 2011

Sobre inscripciones al registro electoral en el exterior y otras propuestas!

24 Sep

GRUPO AIRESVEN (Puerto Rico).
Apreciadìsimos amigs de AIRESVEN: a continuaciòn les posto un interesante artìculo de Joaquìn F. Chaffardet, que dedica a sus amigos. Es un tema que NOs interesa, porque nos ata#e directamente: nuestro derecho inalienable de ejercer el derecho/deber del voto.
Desde esta platea le solicito gentilmente al dr. J. Chaffardet de interesarse en nuestro Grupo Airesven, el cual està realizando encomiables esfuerzos para ejercer nuestro derecho y sobre todo, para que nos asesore en los casos que ya estamos denunciando respecto al delicado tema del cual èl, con su experiencia y profesionalidad, nos llama a estar alertas.
Es cierto lo que comenta, hasta el primer pàrrafo de sus “conclusiones”, incluìdo. De allì en adelante, puede ser que NO le hayan llegado informaciones sobre las denuncias y las luchas que muchos compatriotas estàn llevando adelante, en los sitios donde viven en el exterior, entre ellos AIRESVEN; Puerto Rico. Renovamos nuestra sincera invitaciòn a acompa#arnos (Grupo Airesven: Apoyo a la resistencia venezolana, P.R.) en el reclamo de estos derechos para que podamos proyectar aùn màs el alcance de los mismos en la permanente denuncia de la dictadura que mantiene a Venezuela en una condiciòn de desmembramiento del Estado y de la Repùblica en nombre de un castrò comunismo y su hermano gemelo inseparable, el nazi fascismo, por los cuales jamàs votamos.
Seguimos orando por Venezuela.
Dios ls bendiga y gracias. El link a este comentario de Chaffardet “A sus amigos”, NO lo encontré.
Blanca Briceno
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PARA MIS AMIGOS
De nuevo, sobre el voto en el exterior, la Constitución y las leyes
Después de oír las opiniones de algunos personeros y organizaciones políticas que parecen aceptar resignadamente los arbitrarios requisitos impuestos por el oficialismo a los venezolanos que residen en el exterior para ejercer su derecho al voto, calificando la apertura del REP para ellos de “por lo menos un avance”, sin hacer consideración alguna sobre las condiciones impuestas. Por eso, me ha parecido oportuno volver a insistir sobre los argumentos que ponen en evidencia la inconstitucionalidad de la norma invocada por el CNE así como de sus actuaciones, a las que debemos oponernos y denunciar con fuerza.
En procesos electorales pasados, el candidato o las propuestas del régimen sometidas a votación no han podido superar, en casi ninguna ocasión, el 10% de los votos de los venezolanos residentes en exterior, salvo probablemente en La Habana. Si solamente 500.000 venezolanos residentes en exterior se les permitiera inscribirse o cambiar de residencia en el REP, significarían por lo menos 450.000 votos contra el régimen y un saldo neto en su contra de 400.000 votos, cifra importante en para decidir cualquier proceso electoral. Y a ese voto es a lo que le teme el Iluminado de Sabaneta.
Para evitar que esos miles de venezolanos expresen su voluntad en las urnas, y calmar la ansiedad del Iluminado de Sabaneta, el régimen no ha vacilado en promulgar normas inconstitucionales a través de su oficina legislativa llamada pomposamente Asamblea Nazional en la írrita Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la cual fundamentan la exigencia a los venezolanos residentes en el exterior de requisitos diferentes a los previstos en el texto constitucional y a los que se exigen a los venezolanos en Venezuela.
LA CONSTITUCION Y LA PERMANENCIA DE LOS VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR
En primer lugar, es necesario comenzar por recordar que todos los venezolanos tenemos derecho a ausentarnos cuantas veces deseemos y permanecer fuera de Venezuela el tiempo que queramos, sin que dicha ausencia esté sometida a norma o restricción legal alguna. Dispone el artículo 50 constitucional:

Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Y en ejercicio de ese derecho todos los venezolanos podemos ausentarnos del país y cambiar de domicilio o residencia, sin sujeción a limitación alguna en nuestra legislación. Las ausencias del territorio nacional ni su duración están reguladas o limitadas por ninguna norma legal. Las limitaciones legales a que se refiere el artículo 50 son en cuanto a la salida o entrada de los bienes o pertenencias, que estarán sujetas a las disposiciones aduaneras correspondientes. La “legalidad” de nuestra permanencia en el exterior no solamente no estamos obligados a demostrarla, sino que estamos impedidos de demostrarla, ya que no existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que establezca las condiciones de “legalidad” a las que deban sujetar los venezolanos su permanencia en el exterior.

LA CONSTITUCION Y LA CONDICION DE ELECTOR

El artículo 64 de la constitución establece los requisitos o condiciones para ser elector, es decir para ser titular del derecho al sufragio y lo hace en los siguientes términos:

Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

El artículo 64 constitucional establece de manera taxativa los requisitos para ser elector, requisitos que no pueden ser modificados ni ampliados ni sujetos a condición adicional alguna en ninguna disposición legal. Dichos requisitos son: a) ser ciudadano venezolano. Lo que se prueba con la cédula de identidad debidamente expedida por la autoridad competente para la fecha de su expedición, aún cuando esté vencida. b) Ser mayor de 18 años de edad, lo que consta en la cédula de identidad. c) No estar sujeto a interdicción civil. d) No estar sujeto a inhabilitación política. El único caso de inhabilitación política en Venezuela es el contenido en el artículo 13 de Código Penal Venezolano, que establece que “Son penas accesorias de la de presidio:…3. La inhabilitación política mientras dure la pena…”, inhabilitación que no se extiende a los condenados a prisión ni a los sometidos a juicio.

LA LEY ORGANICA DE PROCESOS ELECTORALES (LOPE) Y LA CONDICION DE ELECTOR

El espíritu de la norma constitucional está recogido en el artículo 29 de la misma Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece lo siguiente:

Artículo 29. Podrán ser inscritos en el Registro Electoral:
1. Los venezolanos y venezolanas mayores de dieciocho años de edad.
2. Los ciudadanos y las ciudadanas que cumplan los dieciocho años de edad en el lapso que comprende desde el corte del Registro Electoral y el día inclusive de la fecha de la elección, siempre y cuando dicha inscripción se efectúe antes del corte del Registro Electoral.
3. Los extranjeros y las extranjeras mayores de dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país.
A efectos de la inscripción en el Registro Electoral, el único documento requerido y válido es la cédula de identidad.
El Registro Electoral incorporará automáticamente los datos provenientes del Registro Civil.

De manera, que todo venezolano que reúna los extremos contenidos en la norma constitucional y en este artículo 29 de la LOPE, tiene derecho a inscribirse en el Registro Electoral y a sufragar, sea dentro o fuera del territorio nacional. La disposición de la ley es clarísima, no deja lugar a interpretación alguna: “… A efectos de la inscripción en el Registro Electoral, el único documento requerido y válido es la cédula de identidad…” y la adición de cualquier otro requisito es inconstitucional e ilegal.

LA LOPE Y LA RESIDENCIA DEL ELECTOR

El artículo 30 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales, es del tenor siguiente:
Artículo 30. El Registro Electoral contendrá los siguientes datos de cada elector y electora:
1. Nombres y Apellidos.
2. Número de Cédula de Identidad.
3. Fecha de Nacimiento.
4. Nacionalidad.
5. Huella dactilar.
6. Sexo.
7. Indicación de saber leer y escribir.
8. Indicación de discapacidad.
9. Centro de votación donde sufraga el elector o electora.
10. Dirección de residencia, indicando entidad federal, municipio, parroquia y comuna.
11. Otros que determine el Consejo Nacional Electoral.
La declaración de residencia aportada por el elector o la electora se tendrá como cierta a todos los efectos electorales salvo prueba en contrario.

Como se puede leer, en relación a la residencia del elector, el artículo 30 la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su aparte final, ordena imperativamente que “…La declaración de residencia aportada por el elector o la electora se tendrá como cierta a todos los efectos electorales salvo prueba en contrario”. Es decir, que la autoridad electoral al momento de inscribir a un elector en REP o tramitar su cambio de residencia, dentro o fuera del país, está obligada a tener como cierta la declaración de residencia que haga el elector.

Se entiende por residencia en el derecho venezolano y en particular en esta ley, el lugar donde habitualmente vive una persona, no un estatus inmigratorio en otro país, y que en materia electoral determina el lugar donde el elector ejercerá su derecho al voto. La razón de esta norma es que siendo del interés personal del elector su lugar de votación, su simple declaración se le tendrá como cierta sin que deba presentar documento alguno, nacional o extranjero para verificar su certeza.

Quien pretenda desvirtuar la declaración de residencia del elector, lo debe hacer en un proceso administrativo que debe tramitarse de conformidad con la ley y presentar en el mismo la correspondiente prueba en contrario, procedimiento al que solamente se le podría dar inicio una vez que el elector se ha inscrito o haya sido reubicado en el REP. No puede haber una impugnación previa a la inscripción o actualización de datos en el REP, ya que entonces no se habría producido acto alguno que impugnar. De manera que, de conformidad con la ley, debe ser suficiente para un elector en el exterior declarar su dirección de residencia y si alguien pretende impugnarla debe proceder conforme a lo establecido en la ley una vez que el elector se haya registrado en el REP.

LA LOPE Y EL VOTO DE LOS VENEZOLANOS EN EXTERIOR

Sin embargo, por el temor al voto de los venezolanos residentes en el exterior, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la misma que estableció el mecanismo para llevar adelante el fraude que permitió que quienes obtuvieron menos votos en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre obtuvieran más diputados, con el mismo ánimo fraudulento y de desconocimiento de la constitución y los derechos ciudadanos que inspiró a esa ley, introdujo en su texto el artículo 124, que dispone:
Voto en el exterior
Artículo 124. Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Así mismo podrán sufragar en el exterior, los funcionarios y las funcionarias adscritos y adscritas a las embajadas, consulados y oficinas comerciales.
El Consejo Nacional Electoral determinará mediante reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior.

El confuso texto de esa norma, ha sido interpretado y utilizado por el CNE como fundamento para exigirle a los venezolanos residentes en exterior para el ejercicio de su derecho al voto la exhibición de documentos y requisitos diferentes a los venezolanos que residen en el territorio nacional, lo que es evidentemente discriminatorio en consecuencia inconstitucional.

La norma contenida en dicho artículo 124 pretende condicionar el derecho al voto de los venezolanos residentes en el exterior a que demuestren la posesión de “residencia o cualquier otro denote legalidad de su permanencia fuera del país”. Una sana interpretación jurídica y literal de esa disposición lleva la conclusión de que lo se pretende exigirles al venezolano residente en el exterior es que demuestre que está legalmente fuera del país, legalidad que solamente se podría determinar de conformidad con las leyes venezolanas, que frente al Estado venezolano son las únicas leyes que los venezolanos estamos obligados a cumplir. Pero como hemos visto, no existe ninguna ley en nuestro ordenamiento jurídico que establezca normas que definan “un régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela” que debamos cumplir. En consecuencia, ningún venezolano está obligado ni podría demostrarle a ningún ente del Estado venezolano una “legalidad” de su permanencia o residencia en el exterior que no existe en nuestras leyes, que son las únicas cuyo cumplimiento puede exigir el Estado venezolano, incluido el CNE.

Pero el régimen en su afán de obstaculizar el voto de los venezolanos en el exterior ha hecho una interpretación torcida del contenido literal de esa disposición aplicándola como si ella mandara que: “Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de su permanencia en el país donde se encuentren.”, que seguramente fue la intención original, pero que los legisladores del oficialismo no supieron o no se atrevieron a expresar claramente. Esta interpretación se traduce en la incorporación al ordenamiento jurídico venezolano de normas legales extranjeras y la extensión de la jurisdicción venezolana a la interpretación y aplicación de leyes de otros Estados, lo cual es un absurdo jurídico.

Con fundamento en una torcida interpretación y aplicación del referido artículo 124, para ejercer su derecho al voto se le exige a los venezolanos residentes en el exterior, caprichosamente, la presentación de documentos diferentes a los exigidos a los venezolanos en el territorio nacional: además de la cédula de identidad, el pasaporte vigente, documentación en que conste su estatus inmigratorio en el país donde reside y en algunos casos (Madrid por ejemplo) completar un formulario donde debe aportar datos que forman parte de su intimidad, tales como información sobre su nivel educativo, trabajo, ingresos, vivienda, dependientes, etc.

Con esa torcida interpretación del artículo 124 lo que pretende el gobierno, es decir el CNE, es privar del derecho al voto a cuantos venezolanos residentes en exterior les sea posible porque los suponen adversos al régimen. La Asamblea Nazional al dictar la ley partió de la presunción de que buena parte de los venezolanos residentes en el exterior no tienen la condición inmigratoria legal que las naciones donde residen exigen y se pretende utilizar esa circunstancia para impedirles votar, inhabilitarlos políticamente, lo que equivale a despojarlos de hecho de su ciudadanía venezolana.

LA CONSTITUCION, LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA NO DISCRIMINACION

La exigencia de requisitos diferentes y adicionales a los que se le exigen a los venezolanos en el territorio nacional para ejercer su derecho constitucional al voto es evidentemente discriminatorio que viola, entre otros, el principio constitucional de igualdad ante ley.
Sobre la no discriminación el constituyente, en la exposición de motivos de la constitución de 1999, expresa que en el texto constitucional, “…Se reconocen los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la igualdad. En relación con éste último, se refuerza y amplía la protección constitucional al prohibir no sólo las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo o la condición social, sino además, aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona…”, principios que se recogen en su artículo 2:
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Y como desarrollo de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, específicamente consagró el principio de igualdad ante la ley de todos los venezolanos, que concretó el constituyente en el artículo 21 constitucional:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
Como se puede ver, la constitución, adicionalmente, dispone que “No se permitirán discriminaciones… que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona…” y hace hincapié al ordenar en que la ley garantice “…las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva…” Y como hemos visto, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el propio Consejo Nacional Electoral, por razones de interés político del régimen, se quebrantan grosera e intencionalmente los principios y derechos constitucionales de no discriminación, de igualdad y en particular el de igualdad ante la ley, al discriminar entre venezolanos en el territorio nacional y los venezolanos residentes el exterior, imponiendo condiciones diferentes para unos y otros para el ejercicio del mismo derecho constitucional, el derecho al sufragio y a la participación política. Así, a los venezolanos residentes en el exterior no les basta con presentar su cédula de identidad para registrarse o actualizar sus datos en el REP, deben presentar el pasaporte. Pero además no basta con que declaren su residencia como sucede con los venezolanos en territorio nacional, deben presentar documentos que demuestren la legalidad de su estatus inmigratorio, pero no solamente eso, sino que además deben llevar y entregar en la sede diplomática o consular copia de cada uno de esos documentos. Requisitos que no se exigen a los venezolanos en el territorio nacional. Todo ello configura un régimen de discriminación y desigualdad ante la ley.
RENUNCIA A LA JURISDICCION Y VIOLACION DEL DERECHO INTERNACIONAL

Cuando el régimen a través de su oficina de asuntos electorales (CNE) le exige a los venezolanos residentes en el exterior que para ejercer el derecho al voto deben presentar documentación que demuestre que poseen un estatus inmigratorio legal en el país donde residen, además de violar los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, condiciona el ejercicio del derecho constitucional al voto de estos ciudadanos al cumplimiento de normas legales de un Estado extranjero. Es decir, para que un venezolano en el exterior pueda ejercer su derecho al voto no solamente debe cumplir con los requisitos establecidos expresamente en el artículo 29 de la LOPE sino que además, arbitrariamente, se le exige que cumpla con leyes que forman parte del ordenamiento jurídico de otros Estados, en concreto con las leyes de inmigración del Estado donde reside el elector.
Adicionalmente, surgen de esa política discriminatoria nuevas formas de discriminación. En efecto, dependiendo del país donde resida el venezolano deberá someterse a leyes más o menos estrictas, a procedimientos administrativos más o menos largos y complejos o más o menos costosos, lo que se traduciría en una nueva desigualdad: la que surge de las diferencias entre las leyes de inmigración de las diferentes naciones a que deben someterse los venezolanos en el exterior para poder ejercer su derecho constitucional al voto. Para ejercer el mismo derecho, dependiendo del país donde residan, deben cumplir leyes extranjeras diferentes, rompiendo con el principio de igualdad ante la ley.
De esa manera, el derecho constitucional al voto de cientos de miles de venezolanos queda sujeto a la discrecionalidad de las autoridades de inmigración de los países donde residan. Se pone en manos de autoridades extranjeras el ejercicio de los derechos constitucionales de los venezolanos, que no es otra cosa que la renuncia a la jurisdicción y a la soberanía nacional. Todo se resume en que si el venezolano no ha cumplido con los requisitos inmigratorios de la nación donde reside, el Estado venezolano lo inhabilita políticamente, sin que medie juicio alguno y más grave aún, por presuntamente incumplir con leyes extranjeras cuyo quebrantamiento no puede ser calificado y menos aún sancionado por el Estado venezolano. Es decir, al venezolano residente en el exterior que no haya cumplido con las leyes locales de inmigración el Estado venezolano lo inhabilita políticamente. Los delincuentes que cumplen condena a prisión en Venezuela pueden votar, pero los venezolanos residentes en exterior, que no son delincuentes, pero que no han cumplido con los requisitos de inmigración del país donde habitan, son inhabilitados políticamente sin fórmula de juicio.
Esta conducta del Estado venezolano, desplegada por medio de su oficina de asuntos electorales (CNE) e implementada a través de sus representaciones diplomáticas y consulares alrededor del mundo, constituye no solamente una violación de los derechos políticos de los venezolanos residentes en el exterior, sino que además constituye una violación de la jurisdicción exclusiva de los Estados receptores de esas delegaciones. En efecto, el Estado venezolano no puede convertirse en intérprete y menos en ejecutor de las leyes de inmigración de otro Estado ni sancionar a sus nacionales en territorio extranjero con fundamento en las leyes de ese país, lo que constituye una violación de numerosos principios del derecho internacional, que por razones de espacio no entro a analizar.
CONCLUSIONES
Lamentablemente, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos no han asumido una posición firme sobre este atropello a centenares de miles de venezolanos. No he visto ninguna denuncia sobre la discriminación a que somos sometidos los venezolanos en exterior, salvo comentarios breves e incidentales. Y por supuesto no tengo conocimiento sobre ninguna acción judicial que pretenda restituirles a los venezolanos en el exterior el derecho al voto en las mismas condiciones que a los venezolanos que residen en el territorio nacional, ni siquiera como un saludo a la bandera.
JOAQUIN F. CHAFFARDET
jchaffardet@gmail.com

SUMATE DENUNCIA IRREGULARIDADES DEL CNE!

9 Sep

En un momento tan delicado como es el actual que atraviesa nuestro paìs, en el cual una instalaciòn del castrò comunismo nazi fascismo que caracterizan al régimen dictatorial del “la cual aceptò”, acelera el paso y presiona contra una democracia instaurada en el ADN de los venezolanos NOviolentos, demòcratas, libertarios y conscientes de la realidad que transitamos, las debilidades del proceso electoral son de vital importancia. “Conocer para deliberar” era el lema del presidente italiano y demòcrata Luigi Einaudi y sigue vigente para los nuevos horizontes de la Democracia del Siglo XXI, que es la que estamos persiguiendo.
Dejo el link a continuaciòn, para que lo puedan estudiar y sopesar. Es necesario conocer el enemigo y sus confabulaciones, denunciarlas ahora es cuestiòn vital. Venezuela NOs necesita, de pie, con nuestras competencias, profesionalidades, amor de patria y, sobre todo, PRESENCIA activa.
Gracias y seguimos orando por Venezuela diariamente. Dios ls bendiga.
Blanca Briceno
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http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo%2F236041